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¿Por qué es tan difícil recortar el presupuesto?

Por: Fausto Hernández Trillo

Para 1992, después de haber renegociado la deuda y haber ajustado abruptamente la economía, el tamaño del sector público como porcentaje del PIB en México alcanzó el 17.7 por ciento. Ese es tal vez el año en que se consigue el mínimo en la historia contemporánea de México. Para 2015 éste ascendió hasta poco más del 27 % del PIB (mientras que para el 2016 todavía no se sabe, aunque será muy similar a ese año). Como puede observarse el sector público se engordó en poco más del 9 por ciento del PIB.

¿En qué momento creció tanto el tamaño del Estado? Es curioso que ello se dio durante las administraciones panistas. Así, de los 9 puntos porcentuales como proporción del PIB de engrosamiento del gobierno, el 7.6 por ciento se dio bajo las dos administraciones del PAN: la de Fox lo elevó en un 3.4 por ciento del PIB mientras que la de Calderón contribuyó un 4.2 por ciento del PIB.

Eso no es necesariamente malo, pues se sabe que las necesidades del país son enormes. Lo que es inapropiado es haber crecido el tamaño del Estado más allá de las capacidades recaudatorias. En otras palabras, lo hicieron gracias a un boom en los precios del petróleo que le permitió a esas administraciones sacar la chequera de manera alegre –e irresponsable desde el punto de vista de finanzas públicas.

Ahora bien, si esos recursos provenientes de la explotación petrolera se hubieran destinado, como lo sugieren los principios rectores y básicos de la teoría, a inversión en infraestructura y/o amortización de deuda, no habría problema ante una baja abrupta en los ingresos petroleros. Sin embargo, dichas administraciones introdujeron varios programas y agencias autónomas, muy loables en su sentido social y político, pero que lo hicieron sin contemplar una base de financiamiento recurrente. Más aún, los implantaron como irreductibles porque lo hicieron modificando las leyes respectivas, es decir, no se pueden disminuir “por ley”. Acá hablamos del Seguro Popular, de la educación preescolar, de la educación secundaria, y de la autonomitis (INE, INAI, y ahora el SNAC, etc).

Quisiera insistir que no estoy en contra de esos programas o instituciones, sino al contrario, creo que eran y son muy necesarios. Lo que me parece una irresponsabilidad fiscal es introducirlos sin asignarles fuentes de financiamiento recurrente (impuestos), y aprovecharse de los altos precios del petróleo. De aquí que a estos últimos recursos se les conoce como la “maldición de los recursos naturales”.

La actual administración, sobreestimando la recaudación de una mala reforma fiscal, continuó con la trayectoria ascendente, al elevar el tamaño del estado en cerca de 1 punto porcentual adicional del PIB, cuando las finanzas públicas mostraban ya un deterioro importante.

La consecuencia está a la vista. Lo único que queda es reducir el gasto abruptamente. El problema es que en los últimos tres años (y al parecer el corriente) el gobierno ha sobrepasado sistemáticamente el gasto aprobado en el PEF respectivo. Ello se debe en buena parte a obligaciones de gasto adquiridas con anterioridad.

Sin embargo, más allá de los estribillos usuales poco creíbles de “eficientar” el gasto, y remover los programas duplicados, hay poco margen de maniobra porque, reitero, se introdujeron una serie de obligaciones legales de gasto sin contrapartida financiera. Utilizando la definición de populismo del finado economista Dornbusch, en el sentido de gastar lo que no se puede financiar en el tiempo, estas acciones tuvieron un dejo de populismo económico.

Por lo pronto, la reducción mayor tendrá que darse por la vía de la inversión pública en infraestructura, que es la partida de gasto que normalmente sufre cuando existe una contingencia de este tipo. Aunque he de decir que ya tampoco se puede recortar tanto, porque el nivel de gasto en el rubro está en el suelo.

Lo importante de esto es extraer lecciones. Si en un futuro cercano los precios (o la producción) del petróleo se incrementaran, es necesario que exista una cláusula que no permita que los recursos provenientes de la explotación de hidrocarburo vayan a financiar gasto recurrente, por más necesario que sea. Es un principio básico de las finanzas públicas que nuestro país no ha entendido.

* Fausto Hernández es Doctor en Economía por la Universidad del Estado de Ohio. Ha impartido cátedra en la Universidad de Chicago, la Universidad de Notre Dame, la Universidad de Purdue, entre otras. Actualmente es profesor investigador de la División de Economía del CIDE además de director de la prestigiada revista El Trimestre Económico que edita el Fondo de Cultura Económica. Forma parte del grupo de expertos de @MexicoComoVamos.